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Programa de las jornadas
Informe CSIF
El pasado 17 de octubre de 2014 tuvo lugar en la sede de las instituciones europeas en España la «Jornada sobre la transposición de la Directiva 2010/64/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de octubre de 2010 relativa al derecho a interpretación y a traducción en los procesos penales». Intervinieron representantes de diferentes órganos jurisdiccionales y gestores de varias Comunidades Autónomas, así como representantes de diferentes asociaciones profesionales de traductores e intérpretes (APTIJ y ASETRAD) y asociaciones empresariales (ASPROSET y ANETI).
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Informe CSIF
El pasado 17 de octubre de 2014 tuvo lugar en la sede de las instituciones europeas en España la «Jornada sobre la transposición de la Directiva 2010/64/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de octubre de 2010 relativa al derecho a interpretación y a traducción en los procesos penales». Intervinieron representantes de diferentes órganos jurisdiccionales y gestores de varias Comunidades Autónomas, así como representantes de diferentes asociaciones profesionales de traductores e intérpretes (APTIJ y ASETRAD) y asociaciones empresariales (ASPROSET y ANETI).
Rosa
Lamana Bulnes, Coordinadora de la Unidad de Apoyo de la DG de
Relaciones con la Administración de Justicia. Indicó que el proyecto de
creación de un registro oficial de traductores e intérpretes se encuentra en
una fase «muy avanzada». El origen de la creación de este registro radica en el
artículo 5 de la Directiva 2010/64/UE, que establece que los Estados Miembros
«se esforzarán» en la creación de uno o varios registros. Aunque el Gobierno no
está obligado a la creación de dicho registro, el departamento ministerial de
justicia está trabajando en un proyecto más ambicioso que incluye a los peritos
judiciales. Con ello pretende llevar un control sobre todas las personas que
colaboran con la Administración de Justicia (intérpretes y peritos). El
Ministerio de Justicia va a tramitar una Ley orgánica para gestionar ese
registro de traductores e intérpretes judiciales y plasmar los requisitos.
Para regular este registro, el ministerio tiene previsto
elaborar un marco normativo estableciendo unas condiciones de acceso que garanticen
la libre prestación de servicios profesionales. En el registro tendrán cabida
tanto personas físicas como jurídicas, que estarán sometidas a un régimen de
sanciones administrativas en caso de incumplimiento de los requisitos o del
servicio. El registro se organizará en dos libros: uno de peritos y otro de
traductores e intérpretes. El libro de traductores e intérpretes estará
dividido a su vez en dos secciones; una de traductores y otra de intérpretes,
cada una organizada a su vez en idiomas. Para poder desempeñar las tareas de
traducción e interpretación en procesos penales, será un requisito obligatorio
estar inscrito en dicho registro.
Los requisitos de acceso al registro serán los siguientes:
- Acreditar unos conocimientos jurídicos;
- No tener antecedentes penales;
- Se va a elaborar un cuadro deontológico de deberes de los traductores e intérpretes que actúen en procedimientos judiciales;
- Se elaborará también un cuadro de infracciones y sanciones para reforzar la calidad y prevenir acciones abusivas.
CSI-F preguntó sobre las repercusiones de la transposición de la Directiva en los trabajadores de plantilla que, a todos
los efectos, incluidos los retributivos, están encuadrados en el grupo 3 del
personal laboral y que no van a ser incluidos en el futuro Registro de
Traductores e Intérpretes del Ministerio de Justicia. Lamana respondió que
estos han demostrado sobradamente sus conocimientos y su adecuación al puesto
de trabajo a través de una oposición. En este sentido, CSI-F le recordó que los
empleados de plantilla realizaron un examen para titulados en Bachillerato,
aunque la realidad laboral ha demostrado que se requiere un alto nivel de
especialización en diferentes campos para poder actuar en causas por delitos de
blanqueo de dinero, delitos fiscales, terrorismo, redes organizadas, etc.
CSI-F destacó que el personal de plantilla que desempeña sus funciones en Administraciones Públicas
cuentan con la formación y los conocimientos necesarios para llevar a cabo con
éxito estas tareas y que por tanto
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Veremos en que acaba todo este asunto. Lleva ya demasiado tiempo coleando, aunque ya se sabe que estos procedimientos son lentos. Como profesional del mundo de la traducción sigo con detalle todas estas noticias. Esperemos que se terminen de una vez la creación de los registros.
ResponderEliminarSaludos
Hola, traductor profesional:
ResponderEliminarTe agradecemos mucho tu comentario. Efectivamente, estos procesos suelen ser largos, aunque, como habrás visto, desde el Ministerio de Justicia nos dicen que el proyecto está «muy avanzado». Nosotros como sindicato nos hemos ofrecido a asesorarles a través de nuestros traductores e intérpretes profesionales, aunque, hasta la fecha, no hemos recibido respuesta.