Tras
las gestiones realizadas por CSIF el pasado 19 de mayo a través de la CESI
(Confederación europea de sindicatos independientes) a la que pertenece CSIF, se
concretó una reunión en la Dirección General de Justicia de la Comisión Europea
(BRUSELAS) para el pasado 3 de octubre.
Enel transcurso de esta reunión CSIF ha expuesto las inquietudes de nuestro sindicato con respecto a la transposición de la Directiva 2010/64 en España, en especial a lo referente a los trabajadores e intérpretes en plantilla que trabajan en el ámbito judicial y policial.
Tras
dar una visión global de cuál es la situación de la traducción e interpretación
en los procesos penales en España, dejamos muy claro que ésta incluye la fase
policial.
Además, CSIF hizo especial hincapié en la situación laboral de los traductores e intérpretes en plantilla (encuadramientos que muchas veces no se corresponden con la cualificación que requiere el puesto de trabajo, baja remuneración, etc.),
CSIF
denunció, entre otras cosas, que en los registros de traductores e
intérpretes cualificados que España pretende crear a raíz de dicha Directiva,
la intención de las autoridades españolas es dejar fuera a sus propios
empleados.
CSIF
ha trasladado su preocupación por la oficialidad de las traducciones e
interpretaciones realizadas por el personal de plantilla, ya que la misma
debe estar recogida expresamente en las leyes procesales para no crear
confusión a los operadores jurídicos que, de lo contrario, podrían dudar de su
validez.
Del mismo modo, CSIF, ha expuesto el grave error que supone incluir en el registro a personas jurídicas, ya que estas son las que han contribuido a que la cualificación de los traductores e interpretes externos haya caído en picado como se refleja continuamente en prensa, p. ejem. (LAVANGUARDIA.COM 3 abril 2014), “La mala traducción del catalán al castellano marca el juicio del asedio al Parlament. Los constantes errores evidenciados en la sesión del miércoles prosiguieron este jueves pese a cambiarse de intérprete | Mas y Vila declararon en castellano.
La Comisión Europea oyó con interés la exposición y se mostró receptiva con las demandas que CSIF puso encima de la mesa, sobre todo en lo que a la reclasificación se refiere.
Los responsables de Bruselas quedaron
sorprendidos al conocer que la Administración española se opone al correcto
encuadramiento de estos trabajadores, lo que no es de extrañar dada la enorme
importancia y prestigio de los que gozan la traducción e interpretación en las
instituciones europeas, donde resultaría impensable que fuera suficiente una
titulación de bachiller.
Los representantes de la
Comisión explicaron que nos encontramos en una fase muy inicial de la
transposición de la Directiva y que la misma no ha sido transpuesta todavía en
todos los Estados miembros, entre ellos España. Será
cuando la Directiva haya sido transpuesta por todos los Estados miembros,
cuando la Comisión se interesará por la forma en la que se ha hecho y si esa
forma responde a las necesidades y finalidad que pretende satisfacer la
Directiva.
En todo
caso, la Comisión expuso los artículos vinculantes en cuanto a la cualificación
de los traductores e intérpretes y que su incumplimiento sistemático podría dar
lugar a la apertura de un expediente por parte de la Unión Europea al Estado
infractor.
Lo que sí
está claro es que los Registros deben ser un instrumento que permita garantizar
la cualificación de los traductores e intérpretes que intervienen en los
procesos penales, fase policial incluida.
Desde CSIF valoramos muy positivamente
esta reunión y seguiremos presionando a la administración española para que la
transposición de la directiva respete los derechos de los traductores e
intérpretes de plantilla.
Por otro lado, CSIF ha abierto con
esta visita un cauce de comunicación directa y de intercambio de información
con la Comisión Europea para vigilar la transposición de la directiva en
España.
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