CSIF MANTIENE REUNIÓN CON EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR, TRAS PRESENTAR ENMIENDAS AL PROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL PARA TRASPONER LA DIRECTIVA 2010/64/UE
Representantes de CSIF asistieron a una reunión que tuvo lugar el 16 de octubre en el Congreso de los Diputados con miembros del grupo parlamentario popular.
CSIF fue
convocado a esta reunión tras haber presentado algunas propuestas de enmienda
al Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley de Enjuiciamiento
Criminal para transponer la Directiva 2010/64/UE.
A dicha reunión fueron convocados
igualmente diversas asociaciones de traductores e intérpretes de España y de
universidades, ya que también ellos habían presentado propuestas de enmiendas
al mencionado Proyecto de Ley Orgánica.
En el transcurso de esta reunión CSIF expuso las inquietudes de nuestro
sindicato con respecto al mencionado texto legal, siempre desde el punto de
vista de la defensa de los intereses de los
traductores e intérpretes en plantilla que trabajan en el ámbito judicial y
policial.
CSIF puso de manifiesto que el
servicio de traducción e interpretación en la fase policial y judicial, además
de constituir una garantía procesal para los encausados, en muchas ocasiones se
desenvuelve en un entorno que repercute en la seguridad del Estado. Esta
función debe ser prestada con las máximas garantías de confidencialidad y por
profesionales cualificados, como demuestra día a día el personal en plantilla,
que a día de hoy es el ÚNICO que ha DEMOSTRADO estar capacitado para desempeñar
estas funciones por haber superado un examen tipo concurso-oposición.
Como sindicato pusimos de manifiesto
que no entendemos y, por lo tanto, exigimos
que se suprima la disposición final segunda del Proyecto de L.O., una norma
claramente presupuestaria que no tiene cabida en una norma de carácter procesal
y que, de aprobarse, podría afectar negativamente a la contratación de personal
en plantilla, favoreciendo claramente la externalización de un servicio que,
como pusimos de manifiesto, afecta gravemente a la Seguridad del Estado. CSIF
considera contradictorio que en la Comisión de Justicia del pasado 15 de
octubre, el nuevo Ministro de Justicia recordara que por primera vez en esta
legislatura los presupuestos, contados los programas y organismos adscritos al
Ministerio de Justicia, experimenten un incremento respecto al ejercicio
anterior (1.599,49 millones de euros) y, por otro lado, se quiera sancionar una
Ley Orgánica que va justo en el sentido contrario.
CSIF
resaltó igualmente
que las referencias del Proyecto de
Ley Orgánica a los traductores e
intérpretes judiciales deben hacerse extensivas a los traductores e intérpretes
policiales. La Directiva 2010/64/UE es muy clara en este sentido, porque
abarca el proceso penal en su totalidad, fase policial y fase judicial.
CSIF dejó
muy claro
que el proyecto de Ley Orgánica debe dar
visibilidad al carácter oficial de las traducciones e interpretaciones
realizadas por el personal en plantilla. Consideramos que lo mejor sería
incluir una referencia al personal en plantilla en la misma LECr.
CSI-F apuesta
por un servicio público de calidad del servicio de traducción e interpretación
en la fase policial y judicial, en beneficio de
todos los ciudadanos y por todo ello, solicitamos al Grupo Parlamentario
Popular que apoye las propuestas de enmienda que presentamos.
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